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Llamado a proteger a niñas, niños y adolescentes de explotación sexual en el marco del COVID-19

12 julio, 2020

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Latinoamérica está en el momento más crítico de la pandemia por COVID-19 y epicentro a nivel mundial. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) refiere que al 06 de julio, existen más de 2.5 millones de personas contagiadas y más de 115 mil muertos. Brasil es el país con más defunciones, seguido por México, Perú y Chile.

La pandemia evidenció la fragilidad de los sistemas de protección en salud, que no cuentan con la infraestructura, dotación y recursos tecnológicos y humanos suficientes y universales para prevenir y atender las cifras de enfermos en aumento.

Desde marzo se dictaron medidas como el confinamiento obligatorio, el autoaislamiento preventivo, toques de queda, el cierre de fronteras y del comercio, y la suspensión de la movilidad aérea, terrestre y fluvial para evitar los contagios. Estas medidas impactaron negativamente las
economías nacionales, la CEPAL calcula una caída del PIB en 5.3% y el incremento del desempleo en 3.4%; el incremento de la pobreza en al menos 4.4% que significaría 28.7 millones de personas adicionales a la ya existentes y la pobreza extrema aumentaría en 2.6% lo que significa 15.9 millones de personas adicionales.

Las medidas de bioseguridad para contener y evitar la propagación del coronavirus son difíciles de cumplir para más del 60% de la población, debido sobre todo a que se encuentran en la economía nformal, quienes además de presentar necesidades básicas insatisfechas, no cuentan con recursos para obtener suministros de cuidado personal, ni posibilidades para mantener el distanciamiento.

Varios países latinoamericanos han evidenciado recientemente un aumento de las violencias basadas en género. En Colombia, entre el 20 de marzo y el 4 de abril de 2020, de acuerdo con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, se registró un aumento del 51% en los casos de violencia intrafamiliar, 12 mujeres fueron asesinadas en un periodo de 16 días.

En México el Observatorio de Género y COVID-19 señala que durante el mes uno del confinamiento se incrementó en 57% las llamadas al 911, de mujeres que reportaban violencia por parte de sus esposos o parejas. Entre el 19 de marzo y 26 de abril, 17 niñas fueron asesinadas y violadas según reporte del Observatorio de Feminicidios.

En Bolivia, con corte al 15 de abril, se reportaron en el periodo de cuarentena 4 feminicidios y 1200 casos de violencia contra las mujeres, así como 33 casos de violación a menores de edad. En Uruguay entre abril y mayo aumentaron un 80% las llamadas al Servicio Nacional de Orientación y Apoyo a Mujeres en Situación de Violencia Doméstica del Ministerio de Desarrollo Social.

En Río de Janeiro, Brasil, se reportó un incremento del 50% en las denuncias por violencia doméstica; Argentina evidencia un incremento del 30% en el promedio diario de consultas en la línea 144 por violencia de género (20-31 marzo). En Perú de marzo 16 al 5 de mayo se han identificado más de 2600 casos de violencia doméstica, familiar o de género atendidos por el programa Aurora se han registrado 12 feminicidios y 226 violaciones, de ellas 132 a niñas.

En el caso de Chile, las consultas y llamados a la línea 1455 aumentaron en más del 70% y se han registrado 12 femicidios en los meses de confinamiento, además de 22 intentos de femicidios solo en los meses de abril y mayo. Además, las mujeres son particularmente  vulnerables a la precarización de las condiciones laborales, con mayores tasas de informalidad y más expuestas a quedar desempleadas.

Una de las primeras medidas de los gobiernos fue la suspensión de clases escolares, para luego iniciar la enseñanza virtual, manteniendo a las niñas, niños y adolescentes en aislamiento. Esta situación, por un lado, potenció los riesgos de la explotación sexual en línea y, por otro, excluyó a las comunidades menos favorecidas, exacerbando las posibilidades de maltrato y violencia al interior de sus hogares y comunidad, sin la posibilidad de que docentes, personal de salud, trabajadores sociales y organizaciones de sociedad civil les brinden oportunamente la asistencia y protección necesarias.

Las investigaciones y los procesos penales por casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes también se han visto limitados, suspendiéndose o dilatándose su trámite, por cuanto las medidas gubernamentales que restringen la movilidad de las personas exigieron más efectivos policiales para su control.

Los gobiernos nacionales y las instancias de protección a las niñas, niños y adolescentes no han diseñado estrategias específicas ni han asignado recursos presupuestales para prevenir la trata y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.

El confinamiento coloca en especial vulnerabilidad a la niñez y adolescencia frente a estas formas de violencia, dada la manera en que los explotadores ejercen control, culpa y poder sobre sus víctimas, quienes desconfían de las autoridades y no buscan o no existen los mecanismos accesibles para que las niñas, niños y adolescentes soliciten apoyo.

El aumento del acceso a internet durante la pandemia ha maximizado los riesgos de delitos en línea. Al igual que las actividades que se trasladaron al terreno digital para su continuidad, los criminales han migrado a este terreno. Se han evidenciado sitios web donde se discute cómo aprovechar la pandemia y el anonimato de las redes sociales para acceder, descargar, producir y compartir materiales de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, tanto en redes abiertas, de pares y la web oscura, las mismas que también son utilizadas para captar y someter a niñas, niños y adolescentes a dinámicas de trata y explotación sexual comercial.

En México la Unidad de Inteligencia Financiera reportó un incremento de 107% en la pornografía que utiliza a niñas, niños y adolescentes, durante los últimos meses de confinamiento. Europol ha reportado para Europa, un aumento en el número de intentos para acceder a sitios web ilegales bloqueados con contenido de material de abuso sexual a niñas y niños. Las precarias condiciones de la población migrante, así como la xenofobia, el acoso, la presencia de agentes inductores y la violencia sexual, constituyen factores para que las niñas, niños y adolescentes migrantes sean víctimas de trata y explotación sexual comercial por bandas criminales y pandillas. mismas que se han visto exacerbadas durante la pandemia.

Una población de especial preocupación son las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a minorías étnicas, quienes afrontan segregación estructural basadas en un histórico de discriminación y violencia.

El impacto del COVID-19 en el aumento en los índices de desigualdad, pobreza, el hambre y la necesidad de búsqueda para cubrir necesidades básicas son, pues, aceleradores de la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y de sus familias para ser sometidos a dinámicas de
venta, trata y explotación sexual comercial.

RECOMENDACIONES

Constituye una prioridad, incluir y transversalizar las perspectivas de derechos y de género para eliminar las brechas de desigualdad social y económica de estos grupos especialmente vulnerables. Los países de la región en coordinación con organismos de cooperación y de Naciones Unidas deben diseñar estrategias de asistencia humanitaria, incorporando la voz de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en ellas. Son necesarios programas de transferencias en efectivo y otros apoyos, así como iniciativas para el regreso de las mujeres a la actividad económica y esfuerzos por asegurar su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.

Es crucial reforzar la respuesta inmediata a las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual comercial, ampliar las coberturas en programas y servicios adaptados a las necesidades y particularidades de la población desde un enfoque centrado en la víctima y en el trauma, diferencial e interseccional.

Se deben desarrollar estrategias de reactivación y, especialmente en contextos económicos de riesgo para delitos, como el asociado a los viajes y el turismo, la minería, entre otros, con acciones intersectoriales entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para la construcción de entornos seguros y protectores. Las empresas deben respetar los derechos humanos de la niñez e implementar estrategias de debida diligencia para la mitigación de sus impactos, así como adoptar códigos de conducta para prevenir y responder oportuna y adecuadamente ante la presencia de delitos que afectan a la niñez y a la adolescencia.

Impulsar la participación de las niñas, niños y adolescentes en la reconfiguración de la nueva realidad y sus entornos de convivencia y desarrollo; así como en las estrategias que se tomen para el regreso seguro a clases, ya sea en aula o en línea, garantizando el acceso para todas y todos. Se debe promover la articulación de las empresas proveedoras de internet con los gobiernos y la sociedad civil, para que en las plataformas virtuales no se permitan contenidos ilegales, así como el uso de canales de reporte y denuncia oportuna ante situaciones de riesgo o vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En materia de protección y persecución del delito en la región, es importante propiciar acuerdos y escenarios de coordinación de los países que busquen la armonización de sus marcos normativos para enfrentar estos delitos, incluyendo el patrullaje virtual, y que permita la identificación, rescate, asistencia a las víctimas y la judicialización de las redes y explotadores. En particular, iniciativas regionales como el Grupo de Acción Regional para las Américas (GARA) debe consolidar estrategias de prevención, atención y judicialización que permitan una respuesta integral frente a la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el contexto de viajes y turismo.

Es fundamental que los Estados cuenten con sistemas de información diferenciados, tanto del impacto sanitario de la pandemia en las niñas, niños y adolescentes, como de los delitos de trata y explotación sexual comercial y no comercial, que visibilicen a la niñez y adolescencia victimas con estadísticas que respondan al análisis de su ciclo vital, sexo, pertenencia étnica, procedencia, entre otras, para reconocer sus condiciones psicosociales y permitan una caracterización adecuada de los delitos.

Es un imperativo la transformación de imaginarios sociales que invisibilizan, toleran y promueven la trata y la explotación sexual comercial como formas posibles para la supervivencia, especialmente ante situaciones tan complejas como las actuales, reconociéndolos de manera categórica como delitos y como formas de vulneración a los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, y a su propia dignidad.

14 de Julio del 2020

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