Pronunciamiento contra la violencia sexual hacia NNA en Costa Rica

Pronunciamiento contra la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes en Costa Rica

Costa Rica, agosto 2026. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una crisis estructural en toda América Latina. Datos de la Organización Mundial de la Salud indican que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres sufrió violencia sexual durante la infancia o adolescencia.

En Costa Rica, según los expedientes abiertos en el Patronato Nacional de la Infancia, en promedio 5 personas menores de edad fueron atendidas por violencia sexual cada día durante el 2024.

Ese año se reportaron 13 108 atenciones por abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, en los servicios de consulta externa y emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social y 9 650 casos ingresaron al Ministerio Público por delitos sexuales contra personas menores de edad. Se estima, además, que por cada caso que sale a la luz hay un aproximado de 7 casos que no llegan a conocimiento de las autoridades.

Frente a esta realidad, las organizaciones abajo firmantes y el Movimiento Voces Libres contra la Violencia Sexual- integrado por personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y/o adolescencia- hacemos un llamado urgente a la sociedad en general y al Estado Costarricense para priorizar el derecho de todas las infancias y adolescencias a vivir libres de violencia sexual.

Por ello hacemos de conocimiento público nuestras 12 demandas:

1. Declaratoria de Interés Público y Nacional del 9 de Agosto:
   Exigimos que se declare en Costa Rica el 9 de agosto como Día de Solidaridad con las Personas Sobrevivientes de Violencia Sexual padecida en la Infancia y/o Adolescencia, como paso fundamental para visibilizar la problemática y promover acciones concretas de prevención, acompañamiento y justicia.
2. Garantizar el derecho al tiempo mediante la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra personas menores de edad. Exigimos la aprobación de las reformas legales necesarias para establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de violencia sexual contra personas menores de edad, incluyendo la modificación del artículo 31, inciso c), del Código Procesal Penal. Los sistema legales deben reconocer los efectos del trauma, las relaciones de poder, el miedo, la dependencia y otras barreras estructurales pueden impedir que las personas sobrevivientes revelen la violencia sufrida durante años o incluso décadas. Por eso, el paso del tiempo no debe convertirse en un obstáculo para acceder a la justicia, cuando ese mismo tiempo fue necesario para que la persona sobreviviente pudiera comprender, procesar y revelar la violencia que vivió.
3. Garantizar el derecho al tiempo también en las investigaciones administrativas de las instituciones públicas. No basta con ampliar los plazos de la acción penal si las instituciones continúan cerrando sus investigaciones administrativas antes de que las personas sobrevivientes puedan hablar. El Estado debe garantizar la rendición de cuentas institucional, la investigación de posibles encubrimientos, la determinación de responsabilidades administrativas y la adopción de medidas efectivas y sanciones para prevenir la repetición de estos hechos.
4. Poner fin a las interpretaciones que relativizan la violencia sexual, en cumplimiento de los estándares de la Corte IDH: Exigimos sensibilización y capacitación a todo el personal judicial para la correcta implementación de la reforma del artículo 159 del Código Penal (Relaciones Impropias) relacionados con los delitos sexuales contra personas menores de edad, para asegurar que la ausencia de violencia física o la alegación de consentimiento no generen sanciones menores para las personas agresoras mayores de edad. Costa Rica debe armonizar su legislación con los estándares internacionales de derechos humanos, como los la Corte IDH, reconociendo que las relaciones de poder entre personas adultas y menores de edad impiden que exista un consentimiento libre y plenamente válido.
5. Restablecer la Educación Integral en Sexualidad como política pública de prevención de la violencia sexual. Exigimos al Estado costarricense restablecer el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y velar por que toda política educativa en esta materia se fundamente en evidencia científica, criterios técnicos y obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. La Educación Integral en Sexualidad constituye una medida de prevención reconocida internacionalmente para reducir la violencia sexual, promover relaciones basadas en el respeto y fortalecer la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Su debilitamiento representa un retroceso en la protección de sus derechos.
6. Impulsar la declaratoria de "Cantones Libres de Violencia Sexual" como compromiso de política pública local. Exhortamos a los gobiernos locales a aprobar la declaratoria municipal de "Cantones Libres de Violencia Sexual", siguiendo el ejemplo de las municipalidades de Moravia, Goicoechea, Belén, Pococí y Desamparados. Estas declaratorias además, deben traducirse en compromisos concretos para diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas, planes de acción, protocolos y estrategias comunitarias orientadas a prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, fortalecer la detección temprana, promover la denuncia y articular la respuesta institucional, con enfoque de derechos humanos, igualdad de género, interseccionalidad y participación comunitaria.
7. Garantizar el acceso a servicios especializados de atención integral para personas sobrevivientes de violencia sexual. Exigimos que el Estado garantice el acceso oportuno, gratuito, especializado y continuo a servicios de atención integral para personas sobrevivientes de violencia sexual, incluyendo atención médica, psicológica, psiquiátrica, social y jurídica, con enfoque de derechos humanos, género, niñez, discapacidad, interculturalidad e informado en trauma.
   Estos servicios deberán prestarse de manera articulada entre las instituciones públicas competentes, evitando la revictimización, asegurando la continuidad del acompañamiento durante todas las etapas del proceso de recuperación y garantizando su disponibilidad independientemente de que exista o no un proceso penal.
8. Alto al debilitamiento de la institucionalidad de protección de la niñez, la adolescencia y las personas sobrevivientes. Denunciamos el debilitamiento de la institucionalidad pública encargada de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y de atender a las personas sobrevivientes de violencia sexual, mediante decisiones administrativas, reorganizaciones institucionales y recortes presupuestarios que comprometen la capacidad de respuesta del Estado.
   Exigimos al Estado costarricense fortalecer las capacidades técnicas, operativas y presupuestarias de instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Educación Pública, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de las Mujeres y las demás entidades que integran el Sistema Nacional de Protección, garantizando que cuenten con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para cumplir efectivamente sus obligaciones de prevención, atención, protección, investigación y acceso a la justicia.
   Las políticas de austeridad o las reformas institucionales no pueden seguir traduciéndose en retrocesos en la protección de los derechos humanos, ni debilitar los servicios esenciales destinados a la niñez, la adolescencia y las personas sobrevivientes, en observancia del principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos.
9. Promover una comunicación con enfoque de derechos humanos y no revictimización. Exigimos a los medios de comunicación, plataformas digitales y demás actores que producen y difunden información pública adoptar estándares de cobertura que protejan la dignidad, la privacidad y los derechos de las personas sobrevivientes de violencia sexual, evitando toda forma de revictimización, sensacionalismo, estigmatización o difusión de información que pueda poner en riesgo su integridad o seguridad. Asimismo, instamos a fortalecer la formación de periodistas y profesionales de la comunicación en enfoques de derechos humanos, igualdad de género, niñez y adolescencia y comunicación ética, contribuyendo a una cobertura sensible y basada en evidencia.
10. Garantizar la inclusión plena de las niñas, niños y adolescentes indígenas en las políticas públicas de protección. Denunciamos la persistente exclusión de las niñas, niños y adolescentes indígenas en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a la protección de sus derechos. La exclusión de esta población de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2036 evidencia la necesidad urgente de revisar y adecuar los instrumentos nacionales para garantizar una protección verdaderamente universal e inclusiva.
11. Fortalecer la prevención, investigación y sanción de la violencia sexual en instituciones religiosas. Exigimos que el Estado garantice investigaciones diligentes e imparciales frente a las denuncias de violencia sexual cometida en instituciones religiosas, así como la adopción de medidas para prevenir el encubrimiento institucional, proteger a las personas sobrevivientes y asegurar que ninguna persona agresora o encubridora permanezca en la impunidad, independientemente de su investidura, cargo o jerarquía religiosa.
12. Robustecer el sistema integral de protección para personas sobrevivientes de violencia sexual y testigos. Si bien Costa Rica cuenta con la Ley No. 8720 de protección a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal, este funciona como un régimen general y no responde plenamente a las necesidades específicas de las personas sobrevivientes de violencia sexual, especialmente cuando los hechos ocurrieron durante la infancia o la adolescencia.
    Es necesario fortalecer este sistema mediante medidas especializadas que garanticen protección efectiva antes, durante y después del proceso penal, incluyendo la valoración continua del riesgo, el acompañamiento psicosocial y jurídico especializado, la protección frente a represalias y violencia digital, así como mecanismos que reduzcan la revictimización y aseguren condiciones adecuadas para el acceso a la justicia.

 

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