Artículo de opinión por: Oscar Valverde Cerros / Psicólogo y Director Ejecutivo de Fundación PANIAMOR
“El verdadero carácter de una sociedad se revela en el trato que da a su niñez”. (Nelson Mandela)
En el corazón de toda sociedad justa, equitativa e íntegra, que coloca al ser humano en el centro del desarrollo, yace la protección y el bienestar integral de sus miembros más jóvenes: niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en un preocupante número de casos, este principio fundamental se ve socavado por la violencia que sufren en el seno de sus propias familias, incluso desde la primera infancia.
Los datos que nos ofrecen distintas instituciones públicas con competencias en la protección integral y defensa de los derechos de niñas, niños y personas adolescentes, así como las múltiples, permanentes y lamentables noticias que aparecen en los medios de comunicación nacionales, nos indican que estamos frente a una realidad alarmante: la violencia doméstica contra personas menores de edad está alcanzando proporciones abrumadoras y tanto la sociedad en su conjunto, como el sistema de protección administrativa y judicial parecen estar fallando en su deber de salvaguardar los derechos más básicos.
Las estadísticas son impactantes y revelan una dolorosa verdad: demasiados hogares son escenarios de abuso físico, emocional y sexual hacia las niñas, los niños y las personas adolescentes, cuando son, precisamente estos entornos, donde deberían estar más cuidadas, seguras y protegidas.
Así por ejemplo, según datos del Boletín Epidemiológico N°17 de 2024, publicado por la Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud el 10 de mayo de 2024, 412.1 niñas y niños menores de 1 año, por cada 100 mil; 129.6 niñas y niños menores de 1 y 4 años, por cada 100 mil; 154,9 129.6 niñas y niños menores de 5 y 9 años, por cada 100 mil; 240 niñas y niños entre 10 y 14 años por cada 100 mil, por cada 100 mil; y 266,5 adolescentes entre 15 y 19 años, por cada 100 mil, son afectados por violencia intrafamiliar.
Detrás de estos números hay historias muy tristes y desgarradoras, pero más allá de estos datos visibles, hay muchas personas menores de edad más que son invisibles a las estadísticas y que sufren en silencio, esperando que alguien alce la voz en su defensa.
Al abordar esta cruda realidad, es esencial reconocer que las familias deberían ser el primer y más sólido bastión de protección para todos sus miembros, pero particularmente de sus integrantes menores de edad, quienes se encuentran en condición de desarrollo a la vez que en una relación de dependencia, precisamente de las personas adultas del grupo familiar.
A pesar de este reconocimiento extendido sobre el rol de la familia, conviene visibilizar que algunas familias enfrentan desafíos abrumadores, ya sea debido a situaciones económicas precarias, problemas de salud mental o falta de apoyo social. En estos casos, desde un enfoque de corresponsabilidad de los cuidados, es responsabilidad de la sociedad y, especialmente del Estado, brindar el apoyo y acompañamiento necesario para apoyar, fortalecer y proteger a estas familias.
El Estado, inequívocamente, tiene un papel crucial que desempeñar en la protección de los derechos niñas, niños y personas adolescentes. Esto implica no solo establecer leyes y políticas efectivas de protección y atención integral, sino también garantizar que haya recursos, adecuados y suficientes, destinados a la prevención de todo tipo de abuso, la intervención temprana y el apoyo a las familias en riesgo. La inversión en programas de asistencia social, salud mental y servicios de orientación familiar es esencial para fortalecer el tejido social y prevenir la violencia doméstica de la que son víctimas muchas personas menores de edad.
Ahora bien, es fundamental enfatizar que, más allá de la obligación del Estado, la protección de los derechos de la infancia no solo incluye a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a este fin, sino de toda la sociedad y todas las personas que hacemos parte de ella. Cada una y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación y aseguramiento de entornos seguros y protectores para todas las personas menores de edad.
En el Día Internacional de las Familias, resulta importante exigir cambios significativos en nuestras políticas públicas, en nuestros sistemas de protección y en nuestra cultura en general. Necesitamos un compromiso firme con: a) la prevención de todas las formas de violencia hacia las personas menores de edad, tanto mediante la movilización social hacia la transformación de creencias y patrones culturales como mediante el la formación, acompañamiento y apoyo a las familias; b) la protección integral y especial a las víctimas de violencia y; c) el castigo efectivo para quienes violentan a niñas, niños y personas adolescentes. Necesitamos garantizar que cada persona menor de edad pueda crecer y desarrollarse en un ambiente donde sus derechos sean respetados y protegidos.
Seamos todas y todos, defensores de los derechos de la infancia y la adolescencia, no nos quedemos de brazos cruzados. Levantemos la voz, unámonos en solidaridad y trabajemos incansablemente juntas y juntos hasta que cada niña, niño y persona adolescente pueda vivir libre de violencia y miedo. El presente y el futuro de nuestra sociedad dependen de ello.